COMUNIDADES PERUANAS EN EL EXTERIOR
Reforma y Mejora de los Servicios Consulares
Discurso del Canciller de la República, Emb. Manuel Rodríguez Cuadros, en la ceremonia de suscripción del Convenio de Cooperación Interinstitucional con el RENIEC (Palacio de Torre Tagle. Lima, lunes 7 de febrero de 2005)
Las palabras del doctor Eduardo Ruiz Botto, creo que resumen con exactitud los compromisos y los desafíos que estamos asumiendo tanto la Cancillería como el Reniec para facilitar y simplificar los trámites administrativos que realizan nuestros compatriotas en el exterior. El objetivo es sencillo pero de una enorme importancia.
Cerca del 10% de la población del Perú vive en el exterior. Ellos aportan a la economía nacional con las remesas, que van desde 1 400 hasta 1 700 millones de dólares anuales según nuestras fuentes. En la mayoría de los casos, por razones ajenas a su propia voluntad o por la carencia de empleo en nuestro país, tienen que emigrar y construirse un destino con legalidad y con dignidad en otras sociedades. Asimismo, desarrollan de manera permanente sus vínculos con el Perú tanto de nacionalidad como de identidad cultural.
El Estado peruano, a través de la Cancillería, viene aplicando desde hace dos años aproximadamente una profunda y radical política de reforma de los sistemas de protección y de los servicios consulares en el extranjero. Inclusive, estamos cambiando las pautas de la actitud de nuestros Cónsules en relación con nuestros compatriotas, no solamente en la atención de sus problemas y en la celeridad de los trámites a los cuales tienen derecho, sino en la relación interpersonal.
No queremos más un paradigma del ‘Cónsul Prefecto’, es decir de un Cónsul que asume sin base legal una relación de gobernante a gobernados con los peruanos y peruanas en el exterior. Estamos sustituyendo esa equivocada imagen del ‘Cónsul Prefecto’ por un nuevo paradigma que es el del ‘Cónsul Servidor Público’; es decir, un funcionario del Estado cuya eficacia en su gestión se mide por la calidad y celeridad de los servicios que el Estado y la Cancillería, así como todas las instituciones como el Reniec, estamos obligados por ley a nuestros connacionales en el exterior.
Uno de los problemas más graves que hemos enfrentado es el tema del D.N.I., porque -como ha señalado el doctor Eduardo Ruiz Botto- la demora para obtener un D.N.I. es de tres meses o cuatro meses. Lo más grave es que si por ‘x’ razones al momento de llenar la ficha de registro, se puso una ‘Z’ en vez de ‘S’ en un apellido o viceversa, el trámite se duplica, es decir que la demora nos es de cuatro sino de ocho meses para obtener el documento.
Existe una norma que, a mi juicio, debe ser objeto de un análisis jurídico porque puede ser inconstitucional, que es la de requerir la presentación del D.N.I. como un documento y un requisito ‘sine qua non’ para hacer trámites consulares. El efecto negativo en nuestros compatriotas en el exterior es exponencial, porque no solamente son ocho meses, en las hipótesis más extremas, para obtener un D.N.I., sino que eso significa que no pueden hacer ningún otro trámite.
Este convenio va a solucionar esto. El Reniec va a asumir los costos de remisión de la documentación desde los Consulados hacia Lima y viceversa, y va a emplear -como ha dicho su Jefe Nacional- couriers que permitan, pues, que en una semana, a más tardar, esté lista la documentación que ha estado demorando meses.
Asimismo, el convenio prevé el intercambio experiencias en materia de informatización. La Cancillería, (yo espero en el próximo mes a más tardar) va a hacer público un nuevo sistema informatizado de todas las actuaciones consulares del Perú en el exterior. Dicho servicio se dará prácticamente en tiempo real a favor de nuestros compatriotas.
Asimismo, se va a dar seguridad al servicio y se van a eliminar los timbres consulares, lo que va a dar seguridad también a los Cónsules respecto del manejo financiero de los Consulados. En pocas palabras, vamos a pasar al Siglo XXI, y lo queremos hacer con el Reniec para lo cual vamos a trabajar juntos.
Yo quisiera, para terminar, comprometer al doctor Eduardo Ruiz Botto, para hacer el análisis jurídico de la práctica y de algunas disposiciones de menor jerarquía en la pirámide legal del país, que obliga a los ciudadanos a presentar el D.N.I., a poseer el D.N.I. como un requisito para cualquier otro trámite.
En la Cancillería tenemos una visión de que esto puede ser anticonstitucional, y quisiéramos trabajarlo juntos, porque es, adicionalmente, un problema, una traba que día a día nuestros compatriotas en el exterior tienen que enfrentar.
Yo agradezco muchísimo al doctor Ruiz Botto por su compromiso con los intereses y derechos de los peruanos en el exterior, y estoy seguro que vamos a trabajar muy diligentemente para que, además de estas decisiones, podamos avanzar hacia la simplificación, en la celeridad y en la seguridad legal, y para que nuestros compatriotas tengan acceso a un derecho humano esencial que es el derecho a la documentación.
